Comunicado de CODEVIDA ante la negación de la Emergencia Humanitaria por voceros del Gobierno Nacional.

CODEVIDA rechaza las declaraciones de las autoridades del gobierno venezolano con las cuales se insiste en
negar la situación de emergencia humanitaria por la que atraviesa el país y les hacemos directamente responsables de
las muertes y severos daños a la salud y al estado nutricional de los grupos de población más afectados, ocurridas a
diario y en creciente aumento durante las próximas semanas, a no ser que cumplan con su obligación de recurrir a los
mecanismos de asistencia y cooperación de organismos internacionales, los cuales se encuentran a la espera de
respuesta, así como todos los venezolanos en su derecho a exigirlos.

Foro por la vida: Comunicado “Ley contra el Odio” es ilegítima por su forma, fondo y origen

El Foro por la vida y ONG’s de Defensa de los DDHH emitieron un comunicado rechazando la “ley constitucional” -figura inexistente en nuestra legislación- contra el odio, por ilegítima en su forma, fondo y origen. Exhortan a todos los sectores de la vida nacional a defender los principios democráticos y los DDHH, recordando que las violaciones a estos no prescriben.

Declaración del Movimiento de Educadores Simón Rodríguez.

A luchar en la defensa de la educación democrática
y los derechos del magisterio

Venezuela está siendo destruida en todos sus aspectos y la educación forma parte de esta realidad, que ya roza los límites del colapso nacional. Desde el año 2013 hasta ahora se ha perdido un 35% del Producto Interno Bruto, la mayor caída y depresión que ha vivido la economía venezolana, trayendo como consecuencia el derrumbe del trabajo productivo y del salario, incrementando la pobreza de los trabajadores y del pueblo en general, situación aderezada con un particular tipo de populismo, pues viene disfrazado de una fraseología socialista.

Foro por la Vida exige garantías y seguridad para la Consulta Soberana

La Coalición de organizaciones de derechos humanos

venezolana, Foro por la Vida, en defensa de los derechos a la participación

política, reunión, manifestación, asamblea, y a la libertad de expresión, exige a los funcionarios

de los distintos poderes del Estado, que se abstengan de adoptar iniciativas

que entorpezcan el normal desarrollo de la Consulta Soberana.