La ley de AIPTEA, establece que las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, cuenten con personal capacitado en el Trastorno del Espectro Autista,con los conocimientos pedagogicos necesarios.
La escasez de profesionales titulados en Altamira refleja un problema nacional que el Ministerio de Educación ha intentado paliar de manera improvisada.
Representantes de la escuela Maestra Francisca Ana García exigieron a las autoridades atender la situación que desde hace años se presenta en la unidad educativa y el pasado jueves llegó a su clímax, cuando el techo del plantel se desplomó.
En el 2014, la VII Convención Colectiva dejó sin efecto el Programa de Alimentación a los educadores activos y jubilados. No se dio en ese año, ni en los venideros.
La decadencia en las infraestructuras de los planteles y el déficit de personal en Táchira obliga a buscar alternativas para la educación, sin importar que deban cruzar hacia Colombia.
A través de un documento de 45 páginas, los niños, niñas y adolescentes, con la ayuda de Cecodap, narraron historias para mostrar situaciones en las que se les vulneran distintos derechos como libertad a la libre expresión, salud, derecho a la no discriminación, entre otros.