La ONG Educadores en Red y representantes del movimiento estudiantil de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) solicitaron derecho de palabra para “buscar soluciones al colapso del sistema educativo” y advertir “el peligro de extinción de los profesionales de la Educación”.
Los expertos hacen un llamado urgente al Gobierno a que tome medidas para enfrentar la crisis, y a la comunidad internacional a apoyar medidas que eviten una tragedia de grandes proporciones. De igual forma afirmaron que “la población en Venezuela está sufriendo múltiples violaciones a sus derechos humanos”.
La Junta Directiva del Colegio de Profesores -Trujillo, consignarán ante la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, un documento para denunciar “la sistemática violación de los derechos de los alumnos de las escuelas públicas”, “La desnutrición ya es una patología común tanto hogares, escuelas y hospitales”, señalan.
Durante 2017, hubo 1.500 alumnos, mientras que en este año, a febrero, ya van 3.349 matriculados, es decir, la cifra se duplicó. En promedio, la llegada al sistema educativo colombiano de estos niños venezolanos le significaría al Gobierno 3.848 millones de pesos. Además durante este año, al igual que el año pasado, el Ministerio de Educación destinó recursos para el transporte del corredor humanitario.
Ante el incumplimiento en el pago puntual de los sueldos y salarios al personal docente, administrativo y obrero de la Universidad Simón Bolívar (USB), la Asociación de Profesores de la USB emitió una declaración donde rechazan la situación. En la entrada de la universidad los profesores, estudiantes y empleados protestaron en exigencia del pago completo. El presidente de la Asociación, William Anseume, manifestó que la institución “seguirá luchando por los derechos laborales”